Algunos efectos negativos del “matrimonio” homosexual: la experiencia canadiense

Ofrecemos a nuestros lectores este estudio que, en base a la experiencia canadiense, nos permite ver hacia dónde iría nuestro país si se llegare a aprobar el “matrimonio” homosexual.

Los ingenieros sociales occidentales están introduciendo en esta parte del mundo el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, con la consigna de la igualdad de derechos para la minoría homosexual. Todos nos preguntamos que pasará en el futuro con esta medida polémica.

 

Pero podemos atisbar el futuro mirando cual fue el resultado en los países pioneros. Pasada más de una década desde que Canadá estableció la legislación de “matrimonio” entre personas del mismo sexo, se constituye en un laboratorio para los demás países.

 

En estos  años se puede ver una restricción al derecho de libertad de expresión, a los derechos de los padres en la educación de sus hijos, y a los derechos de autonomía de las instituciones religiosas, junto con un debilitamiento del “matrimonio” como institución.

 

Más allá de las diferencias culturales, sociales y de jurisprudencia entre Canadá y otros países, de cualquier forma la experiencia canadiense es la mejor evidencia disponible sobre el impacto a corto plazo del “matrimonio” del mismo sexo en una sociedad democrática.

1. Impacto en los derechos humanos

 

El efecto formal de las decisiones judiciales (y la legislación posterior) que establecieron el “matrimonio” homosexual civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo, ahora podrían conseguir que el gobierno reconozca su relación como “matrimonio”. Pero el efecto legal y cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la adopción de una nueva ortodoxia: que las relaciones homosexuales son, en todos los sentidos, el equivalente del matrimonio tradicional, y que el “matrimonio” del mismo sexo, por lo tanto, debe ser tratado de manera idéntica al matrimonio tradicional en el derecho y en la vida pública.

 

Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la animadversión hacia los homosexuales y las lesbianas. Cualquier declaración de desacuerdo con el “matrimonio” civil de personas del mismo sexo, se considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. Cualquier explicación razonada (por ejemplo, las que se ofrecían en los argumentos jurídicos que el “matrimonio” homosexual es incompatible con una concepción del matrimonio que responda a las necesidades de los hijos, como estabilidad, fidelidad y permanencia), es desestimada de inmediato como mero pretexto.

 

Dado que se tacha la oposición al “matrimonio” del mismo sexo como una manifestación de intolerancia y de odio puro, se hace muy difícil de tolerar permanentemente el disenso. Así sucedió en Canadá en que los términos de participación en la vida pública cambiaron muy rápidamente. Los Comisionados de matrimonio Civil fueron los primeros en sentir el borde duro de la nueva ortodoxia, varias provincias se negaron a permitir a los comisionados su derecho de conciencia para negarse a presidir "bodas" homosexuales, y exigieron su renuncia. Al mismo tiempo, las organizaciones religiosas, como los Caballeros de Colón, fueron multados por negarse a alquilar sus instalaciones para la celebración de post bodas.

2. Afecta el derecho a la libertad de expresión.

 

Asistimos a la tiránica implantación de la censura de los tolerantes.

 

El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a apoyar o celebrar un “matrimonio” del mismo sexo. El cambio ha afectado ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que deseen hacer públicos los argumentos acerca de la sexualidad humana.

 

Mucho discurso, que era posible antes del “matrimonio” homosexual, ahora conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y procedimientos (en algunos casos) ante los tribunales de derechos humanos. Los que son pobres, con poca educación y sin afiliación institucional han sido especialmente fácil blanco de las leyes anti discriminación, no siempre aplicadas de manera uniforme. Algunos han sido condenados a pagar multas, pedir disculpas, comprometerse a nunca hablar públicamente sobre estos asuntos de nuevo. Esto ha incluido a personas que escriben cartas a los editores de los periódicos locales, y ministros de pequeñas congregaciones de cristianos. Un obispo católico enfrenta dos demandas impulsadas por comentarios que hizo en una carta pastoral sobre el matrimonio.

 

Tribunales revisores han comenzado a frenar en las comisiones y tribunales (especialmente desde algunos procedimientos imprudentes contra Mark Steyn y la revista Maclean en 2009), y restaurar un punto de vista más amplio de la libertad de expresión. Y en respuesta a la protesta pública tras el asunto Steyn /Maclean, el Parlamento de Canadá recientemente revocó el estatuto jurisdiccional de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos para perseguir el “discurso de odio”.

 

Pero el costo financiero de la lucha contra la máquina de los derechos humanos sigue siendo enorme. Maclean ha gastado cientos de miles de dólares en honorarios de abogados, ninguno de los cuales es recuperable de las comisiones, tribunales o denunciantes. Y estos casos pueden tardar hasta una década en resolverse.

 

Una persona común con pocos recursos no tiene ninguna esperanza de apelar a los tribunales para su alivio; tan sólo puede aceptar la advertencia de la comisión, pagar una multa, y luego obedecer la orden de permanecer para siempre en silencio. Siempre que estas herramientas permanezcan a la disposición de las comisiones –para quien la nueva ortodoxia no da ninguna base teórica para tolerar la disidencia– participar en un debate público sobre el “matrimonio” homosexual es cortejar la ruina.

 

Presiones similares pueden ser –y son– ejercidas sobre por colegios profesionales (como los colegios de abogados, colegios de profesores, y similares) que tienen facultades legales para sancionar a sus miembros por conducta impropia de la profesión. Los desacuerdos razonables respecto a la institucionalización de los “matrimonios” homosexuales son comprendidas por estos organismos como actos de discriminación ilegal, que son materia de censura profesional.

 

Los maestros están particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, y aunque sólo hagan declaraciones públicas criticando el “matrimonio” homosexual fuera de las aulas, siguen siendo considerados como creando un ambiente hostil para los estudiantes homosexuales y lesbianas. Otros lugares de trabajo y las asociaciones voluntarias han adoptado políticas similares, como resultado de que han interiorizado que en esta nueva ortodoxia, el desacuerdo con el “matrimonio” homosexual es discriminación ilegal que no debe ser tolerada.

3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública

 

Los nuevos planes de estudios están impregnados de referencias positivas a los “matrimonios” del mismo sexo.

 

La institucionalización del “matrimonio” homosexual ha generado un sutil pero penetrante cambio en la patria potestad en la educación pública. El debate sobre cómo hablar del “matrimonio” del mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la educación sexual en las escuelas, y sobre las pretensiones gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. Pero la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de que, por su naturaleza, no puede penetrar en la totalidad del plan de estudios. El “matrimonio” homosexual es de una base diferente.

 

Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio, sus propulsores han tenido un éxito notable presentar el “matrimonio” homosexual de manera positiva en las aulas. Reformas curriculares en jurisdicciones como British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su largamente sostenido poder de veto sobre las prácticas educativas polémicas.

 

Los nuevos planes de estudios están impregnados de referencias positivas a los “matrimonios” del mismo sexo (algo que se aproxima en Ecuador con la introducción del "enfoque de género"), no sólo en una materia, sino en todas. Frente a esta estrategia de difusión, la única defensa parental es retirar a los hijos de la escuela pública por completo. Los tribunales han sido indiferentes a las objeciones de los padres: si los padres se aferran a fanatismos obsoletos, entonces los niños deben cargar con el peso de la “disonancia cognitiva”, ellos deben absorber cosas contradictorias entre el hogar y la escuela, mientras la escuela trata de ganar.

 

Las reformas, por supuesto, no fueron presentadas al público como una cuestión de aplicación de la nueva ortodoxia. En su lugar, el motivo era prevenir el acoso escolar, es decir, promover la aceptación de la juventud homosexual y lesbiana y los hijos de las "familias" del mismo sexo.

 

El medio elegido para promover la "tolerancia" es nada menos que el adoctrinamiento deliberado de los niños (sobre las objeciones de sus padres) en una concepción del “matrimonio” que es fundamentalmente hostil a lo que los padres entienden que está en sus mejores intereses para los niños. Se frustra la capacidad de los padres para llevar a sus hijos a comprender el “matrimonio” para que sea propicio su florecimiento como adultos. A una edad muy temprana, se enseña a los niños que la razón de ser del matrimonio no es otra cosa que la satisfacción de los deseos cambiantes de adultos por compañía.

4. Altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas

 

Alegando la tolerancia, insensiblemente se ha creado un clima de persecución religiosa.

 

A primera vista, el clero y lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a la coacción de realizar “matrimonios” del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la legislación del “matrimonio” del mismo sexo, que el clero mantendría el derecho a no realizar matrimonios que violen sus creencias religiosas. En principio los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los deseos de las entidades religiosas.

 

Debería haber sido claro desde el principio qué tan estrecha era esta protección. Sólo evita que el clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de matrimonio. En la práctica, los sermones o cartas pastorales no se libran del escrutinio de las comisiones de derechos humanos. Deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para su ceremonia de recepción, o a cualquier otra organización que pretenda utilizar la instalación para promover una visión de la sexualidad totalmente en desacuerdo con las suyas.

 

Tampoco impide a los gobiernos provinciales y municipales retener los beneficios a las congregaciones religiosas, a causa de su doctrina sobre el verdadero matrimonio. Por ejemplo, en Canadá, el Proyecto de Ley 13 de la misma ley de Ontario, obliga a las escuelas católicas de acoger clubes de “Gay-Straight Alliance” (y usar ese nombre en particular). También prohíbe a las escuelas públicas alquilar sus instalaciones para las organizaciones que no estén de acuerdo con el código de la nueva ortodoxia. Teniendo en cuenta que muchas congregaciones cristianas pequeñas alquilan auditorios de escuelas para llevar a cabo sus servicios de adoración, es fácil darse cuenta su vulnerabilidad.

5. Cambia la concepción pública de matrimonio

 

Se ha argumentado que si el “matrimonio” homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas, como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción conyugal del matrimonio, y se la sustituye por una concepción del matrimonio que se basa solo en alguna forma de compañía adulta, no hay ninguna base de principios para resistir la extensión de licencias de matrimonio a las uniones polígamas y poliamorosas.

 

En otras palabras, si el matrimonio se trata de satisfacer los deseos adultos de compañía, y si los deseos de algunos adultos abarcan acuerdos más "novedosos", ¿cómo podemos negarlos? No se evaluará aquí esta afirmación, sino simplemente informar de cómo este escenario se juega en Canadá.

 

Una prominente comunidad polígama en British Columbia se envalentonó en gran medida por la creación de “matrimonios” del mismo sexo, y proclamó públicamente que ya no había base de principios para la criminalización continua del Estado sobre la poligamia. De todos los tribunales canadienses, sólo un tribunal de primera instancia en British Columbia ha discutido sobre si prohibir la poligamia es constitucional, y proveyó una opinión consultiva al gobierno de la provincia. La prohibición penal de la poligamia fue confirmada, pero sobre una base estrecha que define como poligamia a los matrimonios civiles múltiples. El tribunal no se refirió al fenómeno de múltiples matrimonios de derecho consuetudinario. Así que, hasta ahora, las formas dominantes de la poligamia y el poliamor que se practican en Canadá no han obtenido la condición legal, pero tampoco han enfrentado obstáculos prácticos.

 

La lección es ésta: una sociedad que institucionaliza el “matrimonio” homosexual no tiene por qué institucionalizar la poligamia. Pero el ejemplo de British Columbia sugiere que la única manera de hacerlo es hacer caso omiso de los principios. El razonamiento del caso de la poligamia no dio ninguna explicación convincente de por qué sería discriminatorio no extender la franquicia de “matrimonio” a los homosexuales y las lesbianas, y no discriminatoria trazar la línea en los polígamos y poliamorosos. De hecho, el fallo parece que descansa sobre animadversión hacia polígamos y poliamorosos, lo que no es una base jurídica estable.

6. Reduce la práctica del matrimonio

 

En cuanto a la práctica del matrimonio, es demasiado pronto para decir mucho. Los datos del censo de 2011 establecen que, en primer lugar, el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran parte de Occidente, en segundo lugar, el “matrimonio” homosexual es un fenómeno estadísticamente menor, y tercero, hay muy pocas parejas del mismo sexo (casadas o no) con niños en el hogar.

 

Hay aproximadamente 21.000 “matrimonios” del mismo sexo en Canadá, fuera de 6,29 millones de parejas casadas. Las parejas del mismo sexo (casadas y solteras) constituyen el 0,8% de todas las parejas en Canadá; 9,4% de las 64.575 parejas del mismo sexo tienen hijos en el hogar, y el 80% son parejas lesbianas. Por el contrario, el 47,2% de las parejas heterosexuales tienen hijos en el hogar. Canadá dejó el seguimiento del divorcio después de 2008, y nunca ha proporcionado datos sobre el divorcio de personas del mismo sexo.

 

Lo que se desprende de estos datos es que el “matrimonio” del mismo sexo no tiene, contrariamente a los argumentos que se manejaron, el poder de impulsar una cultura renaciente del matrimonio en Canadá. Tampoco existen datos censales (de una forma u otra) para argumentos empíricos que aten la institucionalización del “matrimonio” del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio.

 

Sin datos empíricos sobre las tasas de divorcio (que no están disponibles en Canadá), nos quedamos con argumentos conceptuales que deben ser evaluados por sus méritos. En este sentido, la experiencia canadiense no puede proporcionar mucha información. Nos quedamos con la pregunta, ¿la institucionalización del “matrimonio” del mismo sexo descansa en una concepción del matrimonio que hace especial hincapié en la estabilidad, así como en la concepción conyugal? Si no es así, entonces podemos razonablemente creer que el “matrimonio” homosexual va a acelerar la aceptación cultural de una concepción del matrimonio –el modelo de compañerismo adulto– que ha hecho mucho daño social en los últimos cincuenta años.

Fuente: Acción Familia.


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